La iniciativa SOPA puede entenderse como un intento vano (pero posible) por parte de los grandes consorcios por adaptar la realidad a una ley injusta.
Las industrias cinematográfica y musical han sido casi desde su creación una de las más rentables jamás creadas, tanto que los sucesivos inventos que la han amenazado —la radio, las videograbaciones, la televisión abierta, etc.— han sido neutralizados o francamente cooptados y reconvertidos en productos que engrosen las ganancias de los grandes magnates de estos emporios.
Así es como puede explicarse la reciente iniciativa SOPA, que justamente intenta hacer de Internet otro coto de utilidades para unos cuantos, acabar con ese ofensivo paraíso de gratuidad en que los contenidos circulan libremente, sin aduanas ni peajes, supuestamente usufructuando las mercancías de las que otros se arrogan el derecho de propiedad.
En este sentido la piratería aparece a los ojos de los grandes consorcios como una fuga de capital, una grieta por donde se cuelan ganancias que ellos deberían estar recibiendo. Y aunque en su propaganda hagan parecer que su objetivo principal de defensa son los consumidores (alegando que la calidad del producto pirata nunca igualará a la del que ellos producen) o los verdaderos autores de la mercancía (escritores, cineastas, músicos, etc.), lo cierto es, como bien dice Steve Blank, que todos sus esfuerzos únicamente se aplican a proteger su ganancia en el corto plazo.
Sin embargo, a diferencia de otras épocas en que la creatividad parecía un recurso más inteligente para sacarle la vuelta a los nuevos dispositivos, las tecnologías desarrolladas, etc., en años recientes la industria, acaso por la riqueza acumulada, ha preferido replegarse al lado de los abogados y los políticos, optando por estas habilidades de contención o represión (como leyes que vanamente intentan ajustar la realidad a su letra).
El mismo Blank se asombra de que los grandes estudios cinematográficos hollywoodenses “tengan abogados, administradores y economistas, pero ninguna habilidad para manejar la desorganización”, un lobby que les cuesta 110 millones de dólares al año en demandas, contribuciones a las campañas presidenciales y relaciones públicas. En contraste, el dinero que se destina a desarrollar nueva tecnología es notoriamente menor.
Así las cosas, SOPA se erige como un último intento de la industria por defender lo que, de inicio, valdría la pena cuestionar si de verdad les pertenece.
